Cuando la Justicia se convierte en un medio de coacción

A juzgar por ciertas sentencias dictadas en este país en los últimos tiempos, da la impresión de que se pretenda emplear la Justicia como medio de coacción contra los trabajadores y ciudadanos en general que deciden protestar, defender sus derechos o, simplemente, expresar una opinión por políticamente incorrecta que sea.

              De entre la avalancha de noticias que han llegado hasta mí en los últimos días por diversos medios, televisión, prensa ordinaria, Internet, etcétera, hay una que me ha llamado la atención especialmente. Obviamente no ha copado los titulares de los principales medios de propaganda destinados a las masas, por eso me gustaría amplificarla tal y como ya se está haciendo a través de la Red. Se trata del caso de Tamara y Ana, dos empleadas de la piscina olímpica de la localidad gallega de Pontemuiños (Pontevedra) que han sido condenadas por la Audiencia Provincial a tres años y un día de cárcel por haber participado en unos "incidentes" que tuvieron lugar durante la celebración de una huelga en dichas instalaciones.
           
              ¿Qué es lo que hicieron estas dos jóvenes para recibir semejante castigo? ¿Acaso agredieron a alguien, amenazaron incluso físicamente a trabajadores que no querían ir la huelga, intentaron quemar el polideportivo, o tal vez arrojaron piedras contra la policía y lograron abrirle la cabeza a un agente? Desde luego los cargos que pesaban contra ellas debían de revestir cierta gravedad, de lo contrario el juez no habría dictado el ingreso en prisión. O tal vez no, tal vez lo que presuntamente hicieron, si es que de verdad fue así, tampoco es para tanto. Repasemos los hechos.

               En febrero de 2010 se convocó una huelga por la negociación del Convenio Colectivo que afecta a los trabajadores de las instalaciones deportivas de la Comunidad de Galicia. En el marco de dicha reivindicación tuvieron lugar los hechos por los cuales Tamara y Ana han sido condenadas, pues en una de las varias concentraciones que se convocaron en el centro deportivo de Pontemuiños alguien, sin que se haya podido probar mediante pruebas irrefutables quién exactamente, arrojó pintura a la piscina manchando con ello el agua. Con todo el acto de protesta, siendo probablemente inadecuado, no deja de ser más que una chiquillada que tampoco reviste la mayor importancia. Aunque eso no es lo que opina la Audiencia Provincial de Pontevedra, pues considera que dicha acción fue un acto flagrante de "coacción" en contra de los trabajadores que no secundaban la huelga, ya que las supuestas atacantes buscaban amedrentar a sus compañeros. La pintura es lo que tiene, arrojada al agua de una piscina se convierte en un arma mortífera, ¿a quién no le va a aterrorizar?

               Debido a ello la condena de tres años y un día para Tamara y Ana se ha impuesto sin ya posibilidad de recursos ordinarios. Todo pese a que, aún reconociendo ambas que participaron en las diversas concentraciones junto a otro medio centenar de trabajadores, ha resultado imposible identificar al responsable o responsables del "acto vandálico" en cuestión. Es más, durante la celebración del juicio (¿sería incorrecto decir farsa?) quedó igualmente claro que nadie se sintió amenazado o intimidado por el hecho de que algún "huelguista descontrolado" manchara el agua de la piscina. Lo normal es que la travesura no hubiera tenido la menor trascendencia y, en su momento, el personal de las instalaciones deportivas tampoco le dio más importancia de la que realmente tuvo. Tamara y Ana no forman parte de ningún sindicato u "organización subversiva" alguna, sólo eran un par de trabajadoras que decidieron reivindicar sus derechos.

               El problema es que, una vez interpuesta la denuncia correspondiente, la maquinaria de represión del Estado se puso inmediatamente en marcha. Había que buscar culpables pues de eso se trata, y claro, Ana y Tamara estaban por allí. Inicialmente fueron condenadas a seis meses de prisión y una multa por los "daños" causados, lo que a efectos prácticos no es más que una reprimenda administrativa. Sin embargo para la fiscalía esto no fue suficiente, buscaba un castigo ejemplar para que futuros alborotadores se lo pensasen dos veces antes de hacer nada. Por eso recurrió y la condena fue ampliada hasta tres años y un día, lo que provocará que las dos jóvenes den con sus huesos en la cárcel. Algo desproporcionado y escandaloso aun cuando ellas hubieran sido las que arrojaron pintura a la piscina, que como ya se ha dicho ni tan siquiera se ha podido probar. Para todo aquel que desee solidarizarse con su situación aquí está el enlace a Change.org (Concedan el indulto a Tamara y Ana), de esta manera podrá sumarse a la petición colectiva de indulto.

              Lamentablemente ésta no es la única sentencia de similares características que ha sido dictada en los últimos años en nuestro querido Reino de España. Cándido González y Juan Manuel Martínez, trabajadores de los astilleros de Gijón, fueron sentenciados en 2007 a idéntica condena tras ser acusados de haber roto el cajetín de una cámara de tráfico que apuntaba al interior de su centro de trabajo, y Laura Gómez, sindicalista de la CGT, ingresó en prisión el pasado año 2013 por haber quemado frente a la Bolsa de Barcelona una caja de cartón que contenía papeles fotocopiados y recortados que simulaban billetes (lamarea.com). Y estos no son más que varios entre muchos otros ejemplos. Parece ser que se está extendiendo la costumbre de hacer un uso discrecional de la Justicia en este país persiguiendo un objetivo bien claro. Tan discrecional como los indultos que concede Alberto Ruiz Gallardón, lamentable Ministro de Injusticia por la gracia de Dios y el Opus Dei, que pretende convertir el amparo judicial en algo que sólo van a poder permitirse los ricos.

             ¿Qué se pretende con sentencias como las que condenan a Tamara y Ana, los trabajadores de los astilleros de Gijón o la sindicalista barcelonesa? En mi opinión no es otra cosa que coaccionar y amedrentar a los trabajadores, y ciudadanos en general, a la hora de protestar y reivindicar sus derechos. Así estaremos todos más calladitos y no quedará otra que untarse vaselina donde todos sabemos a la espera de que vuelvan a clavárnosla; ése es el objetivo. Tan solo basta un incidente, por irrisorio que sea, para que te acusen de ser "un vándalo que busca perturbar la paz y destruir la democracia mediante el uso indiscriminado de la violencia contra personas inocentes e indefensas". Entonces todo aquel que haya sido identificado como participante en una huelga o manifestación estará en el punto de mira, ya sabes que te puede tocar pagar el pato tras ser acusado arbitrariamente de algún delito mediante el sabio procedimiento de "pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito?", tal y como les ha sucedido a Tamara y Ana. La amenaza pesa y más de uno puede echarse atrás a la hora de protestar si es consciente de que puede traer consecuencias. Ésta no es otra que la lógica del fascismo, el miedo como elemento disuasorio para contener a la población ¿Quién es el violento y el terrorista?

            Respecto al uso que se debe hacer de la penas de prisión nuestra Constitución, esa que muchos políticos consideran sagrada e intocable, reza en su artículo número 25 sección segunda:

           Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados (...).

            Vamos a ver, ¿de qué tienen que rehabilitarse dos personas jóvenes y trabajadoras como Tamara y Ana? ¿Acaso necesitan que las reeduquen para poder reinsertarse en la sociedad porque son unas inadaptadas? ¿Qué aprenderán durante su estancia en prisión, que tirar pintura a una piscina está muy mal y no debe hacerse? ¿Para eso han de estar privadas de su libertad durante tres años? No cuela, la sentencia es un castigo y un toque de atención para todos aquellos que osen enfrentarse a los poderes político y económico.

            Y ahora todo el facherío de las Españas anda a vueltas con los comentarios que se han vertido en las redes sociales a raíz del asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta (¿o mejor cabría decir cacique?) de la Diputación de León, que hacía y deshacía a su voluntad gracias al privilegio de un cargo que, dicho sea de paso, no se designa mediante el voto de los ciudadanos. Que personas anónimas aprovechen la cobertura que les ofrece Internet para lanzar comentarios poco apropiados o incluso detestables, sirve de escusa para tantear una nueva vuelta de tuerca, establecer un control en la Red que va más allá de los principios de cualquier democracia. En este mismo contexto la policía anda buscando al autor de una pintada que decía "Aquí murió un bicho", efectuada en el lugar donde cayó asesinada Carrasco (Público). Todo y que la dichosa pintada ya ha sido borrada por los servicios municipales, parece muy importante encontrar al cretino que escribió semejante estupidez. La policía de León no debe de tener nada mejor que hacer. Y es que puede haber más de uno que se haya alegrado a su manera por este crimen, no porque detestaran lo que representaba la figura de la víctima, sino porque gracias a él pueden tener la oportunidad de seguir recortando derechos y libertades.


                                                                                                                                     El último de la clase