El caciquismo y el clientelismo son prácticas endémicas de la economía española. Su grado de instalación las convierte en facetas de nuestra cultura. La irrupción de nuevas formaciones políticas y la caída de las tradicionales son fenómenos conectados con el estado crítico actual del poder del cacique.
¿Cuántos votantes del PSOE o el PP deben su puesto de trabajo
al partido? ¿Qué porcentaje de los empleados en empresas de la iglesia tuvieron
antes un vínculo con ésta? Cuestiones de este tipo se echan de menos en las
páginas de los diarios o los programas televisivos. Qué distinta sería la
cultura política de este país si se respetara la transparencia y la
relevancia informativa en los medios, y si existiera la libertad
necesaria para que eso sucediera.
Aunque el transeúnte común intuye sin lugar a dudas que el
clientelismo está en las raíces de nuestro día a día, entre saber e intuir hay
una gran diferencia. Se sabe que es un asunto
cultural porque impregna no sólo el mundo político, sino también las relaciones
sociales y económicas más cotidianas. Nadie duda de esto. Pero ahora que
sufrimos un desempleo apocalíptico desearíamos tener certezas, y sin embargo parece crucial para el sistema evitar la difusión en prime time de datos y estadísticas que muestren hasta qué punto las posibilidades de encontrar trabajo en nuestro país
dependen de los contactos que se tenga.
La sabiduría popular no precisa de pruebas académicas, menos aún la
picardía inherente a nuestra cultura, que empuja a los individuos a las sedes de
partidos, sindicatos o iglesias en busca de un empleo. El PP valenciano, por ejemplo, ha resistido los
escándalos de corrupción sistemáticamente publicados por La Sexta, viendo incluso crecer el número de militantes durante la crisis. Según informa El
Confidencial, desde las primeras detenciones del
caso Gurtel y hasta julio de 2013, el número de afiliados de los populares
valencianos aumentó un 17, 9 %. Miembros de la formación consultados por el
diario citado hablan de las dificultades económicas crecientes como causa de esta repentina afección por la política. (1)
Buscar refugio contra el desempleo y ponerse al servicio de
los poderes fácticos han ido de la mano desde largo tiempo atrás. El fenómeno se ha convertido en un
desafío para los estudios sociales, que discrepan a la hora de vincularlo con
el retraso económico de España. ¿Es este causa o consecuencia del clientelismo? Para algunos expertos el enchufismo y las
redes de voto cautivo son la causa de la falta de valor añadido y
competitividad de la economía española. Otros lo sitúan como consecuencia de
una economía fatídicamente atrasada y que ahora vuelve a perder el ritmo en
plena era de la información-conocimiento Según esta segunda
interpretación, nuestro precario sistema productivo y laboral ha exigido siempre a los
desheredados procurarse un futuro ingresando en una red clientelar.
En un mercado como el español, altamente dependiente de las
subvenciones o los contratos con la administración, la política lo tiene fácil
para servirse del caciquismo. Y es que algunos empresarios han actuado como
transmisores de los intereses de los partidos. No pocos trabajadores-votantes de ciertas zonas han escuchado algo así: “este año
hay elecciones, que no se pierda el contrato con la administración…”
La última expansión inmobiliaria y el pinchazo consiguiente evidenció que tras la hegemonía de PP-PSOE se encontraba la vieja casta de constructores-financieros-políticos, vigente y casi inalterada desde el franquismo. Una casta que no se ha preocupado por actualizar el modelo productivo, sino que, con miras cortoplacistas y antisociales, se ha limitado a acumular beneficios a costa del crecimiento del déficit estatal y de una deuda que ahora trasladan impúdicamente a los ciudadanos. No olvidemos que además de los sonados rescates a las cajas, desgraciadamente saqueadas por sinvergüenzas varios, en el primer trimestre del 2012 sólo 3000 empresas públicas sumaban una deuda de unos 55.000 millones de euros, alrededor del 23 % del PIB español registrado en el segundo trimestre de 2014.
La última expansión inmobiliaria y el pinchazo consiguiente evidenció que tras la hegemonía de PP-PSOE se encontraba la vieja casta de constructores-financieros-políticos, vigente y casi inalterada desde el franquismo. Una casta que no se ha preocupado por actualizar el modelo productivo, sino que, con miras cortoplacistas y antisociales, se ha limitado a acumular beneficios a costa del crecimiento del déficit estatal y de una deuda que ahora trasladan impúdicamente a los ciudadanos. No olvidemos que además de los sonados rescates a las cajas, desgraciadamente saqueadas por sinvergüenzas varios, en el primer trimestre del 2012 sólo 3000 empresas públicas sumaban una deuda de unos 55.000 millones de euros, alrededor del 23 % del PIB español registrado en el segundo trimestre de 2014.
Lo trágicamente paradójico e ilegítimo es que una actividad empresarial
tan dependiente del dinero del contribuyente termine perjudicando los derechos
sociales. En contra del dogma liberal, la economía empírica muestra que el mercado ha funcionado gracias a la intervención del estado, por tanto el contribuyente tiene derecho a ejecutar una auditaría de la deuda estatal y a ser satisfecho en su reclamación de mayor transparencia y control directo del dinero público. Lo exige la democracia y la necesidad particular de superar el caciquismo español, porque los ciudadanos son y deben ser de facto mucho más que meros votantes.
En los recortes mismos se ejemplifica también el sesgo clientelista de nuestra política. En sucesivos gobiernos del bipartidismo, en el periodo 2008-13, se redujeron puestos de trabajo en todas las administraciones públicas, centrales, locales y autonómicas, pero el número de empleados en las empresas públicas aumentó. Según informaba el diario Expansión, en la primavera del 2013 la empresa pública contaba con 17.000 empleados más que en el 2008. (2) (3)
La reestructuración neoliberal del sector público se ha realizado siguiendo la máxima de meter la tijera allí donde menos perjudique electoralmente. Pero esta política de recorte discrecional para mantener contentos a los amigos tiene sus límites, principalmente porque la deuda crece y los ingresos bajan, de modo que la disminución del gasto debe ir a más según las directrices europeas.
Aunque el caciquismo y el enchufismo endémicos han seguido funcionando mientras se hablaba de transparencia, eficiencia y competitividad, ahora su base se resiente por la injerencia de un poder externo, el de la Comisión Europea. Los dos partidos protagonistas de la trama bipartidista están cayendo no sólo por la impopularidad de los recortes, sino porque la contención del gasto público impuesta desde Bruselas está dañando un fundamento central de su poder: el reparto de empleo con cargo a las arcas públicas.
Como consecuencia obvia el panorama político del estado español se renueva y aparecen formaciones capaces de disputar la hegemonía a las tradicionales. Algunos piensan que no son más que el relevo de las ya caducas, pero los mismos perros con distintos collares al fin y al cabo. Otros opinan que hay razón para esperar un cambio, una regeneración democrática de la tan podrida política española.
El que escribe no sabe qué pensar, lo confieso, y me debato entre la esperanza y la suspicacia. En los momentos más recelosos opino que estas formaciones recientes podrían ser los nuevos gerentes de la cosa pública, las nuevas caras visibles empleadas por los poderes fácticos para permanecer en la sombra. Si bien con aire renovador, estarían llamados a poner en marcha las medidas que la casta acomodada se resiste a emprender por el coste electoral. Incluso las que esgrimen un programa neosocialista profundizarían en la austeridad dictada por la élite, recortando aún más si cabe el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que contemplaría decepcionada la huida de los capitales a zonas del planeta más confortables.
¿Por qué estas nuevas formaciones ahondarían con bellas palabras la crisis del poder adquisitivo? Porque el modelo necesariamente tiene que derivar hacia formas de producción y consumo más austeras debido a la crisis ecológica subyacente. Gobierne quien gobierne esto debe hacerse, porque el asunto es urgente. Y aunque con una intención noble se quiera tomar de los capitalistas aquello que se le debe al trabajador estafado, el mundo del dinero dispone ya de sistemas seguros para evitar las fuerzas fiscales. De modo que probablemente el ciudadano común se quedaría con lo poco que tiene y la solidaridad tendría que organizarse, si es que este milagro sucede, entre los de abajo. Porque no nos engañemos, dado el entramado de las finanzas mundiales, la constricción del capital bajo un marco ético en un economía globalizada e informatizada requiere un compromiso transnacional y, lo que es más complicado, una diferenciación clara entre poder financiero-monetario y poder político, algo inexistente actualmente dada la defensa persistente que los partidos hacen de los intereses de los grandes lobbies.
Por tanto cabe pensar que quizá estos nuevos partidos sirvan al stablishment, consciente o inconscientemente, para poner en marcha las políticas que PP-PSOE no quieren emprender porque arruinarían el apoyo de sus redes de voto cautivo, acelerando su desaparición ya en curso. También puede que el sistema se apoye en ellas por el aliento que despiertan en la ciudadanía, que ha visto en parte renovado su interés por el voto desde su irrupción televisada, para de este modo poder afirmar, llegado el momento, "tenéis lo que votasteis", responsabilizando una vez más a las víctimas de su desgracia y ocultando la responsabilidad de quienes dirigen el mundo desde la habitación opaca. Sea lo que sea, el tiempo lo dirá.
La reestructuración neoliberal del sector público se ha realizado siguiendo la máxima de meter la tijera allí donde menos perjudique electoralmente. Pero esta política de recorte discrecional para mantener contentos a los amigos tiene sus límites, principalmente porque la deuda crece y los ingresos bajan, de modo que la disminución del gasto debe ir a más según las directrices europeas.
Aunque el caciquismo y el enchufismo endémicos han seguido funcionando mientras se hablaba de transparencia, eficiencia y competitividad, ahora su base se resiente por la injerencia de un poder externo, el de la Comisión Europea. Los dos partidos protagonistas de la trama bipartidista están cayendo no sólo por la impopularidad de los recortes, sino porque la contención del gasto público impuesta desde Bruselas está dañando un fundamento central de su poder: el reparto de empleo con cargo a las arcas públicas.
Como consecuencia obvia el panorama político del estado español se renueva y aparecen formaciones capaces de disputar la hegemonía a las tradicionales. Algunos piensan que no son más que el relevo de las ya caducas, pero los mismos perros con distintos collares al fin y al cabo. Otros opinan que hay razón para esperar un cambio, una regeneración democrática de la tan podrida política española.
El que escribe no sabe qué pensar, lo confieso, y me debato entre la esperanza y la suspicacia. En los momentos más recelosos opino que estas formaciones recientes podrían ser los nuevos gerentes de la cosa pública, las nuevas caras visibles empleadas por los poderes fácticos para permanecer en la sombra. Si bien con aire renovador, estarían llamados a poner en marcha las medidas que la casta acomodada se resiste a emprender por el coste electoral. Incluso las que esgrimen un programa neosocialista profundizarían en la austeridad dictada por la élite, recortando aún más si cabe el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que contemplaría decepcionada la huida de los capitales a zonas del planeta más confortables.
¿Por qué estas nuevas formaciones ahondarían con bellas palabras la crisis del poder adquisitivo? Porque el modelo necesariamente tiene que derivar hacia formas de producción y consumo más austeras debido a la crisis ecológica subyacente. Gobierne quien gobierne esto debe hacerse, porque el asunto es urgente. Y aunque con una intención noble se quiera tomar de los capitalistas aquello que se le debe al trabajador estafado, el mundo del dinero dispone ya de sistemas seguros para evitar las fuerzas fiscales. De modo que probablemente el ciudadano común se quedaría con lo poco que tiene y la solidaridad tendría que organizarse, si es que este milagro sucede, entre los de abajo. Porque no nos engañemos, dado el entramado de las finanzas mundiales, la constricción del capital bajo un marco ético en un economía globalizada e informatizada requiere un compromiso transnacional y, lo que es más complicado, una diferenciación clara entre poder financiero-monetario y poder político, algo inexistente actualmente dada la defensa persistente que los partidos hacen de los intereses de los grandes lobbies.
Por tanto cabe pensar que quizá estos nuevos partidos sirvan al stablishment, consciente o inconscientemente, para poner en marcha las políticas que PP-PSOE no quieren emprender porque arruinarían el apoyo de sus redes de voto cautivo, acelerando su desaparición ya en curso. También puede que el sistema se apoye en ellas por el aliento que despiertan en la ciudadanía, que ha visto en parte renovado su interés por el voto desde su irrupción televisada, para de este modo poder afirmar, llegado el momento, "tenéis lo que votasteis", responsabilizando una vez más a las víctimas de su desgracia y ocultando la responsabilidad de quienes dirigen el mundo desde la habitación opaca. Sea lo que sea, el tiempo lo dirá.
Ramón F.
Muy bueno
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